🇪🇸 España · Ley 2/2023

Canal de denuncias para empresas españolas

En España, la Ley 2/2023 obliga a empresas con 50+ personas trabajadoras y a todas las entidades del sector público a disponer de un canal interno de denuncias. La autoridad externa es la AAI. Las sanciones administrativas alcanzan 1.000.000 € para personas jurídicas en casos muy graves.

Qué exige la Ley 2/2023

• Establecer un canal interno de denuncias confidencial.
• Acuse de recibo en 7 días.
• Respuesta sustantiva al denunciante en 3 meses (prorrogables a 6).
• Designar a un responsable interno imparcial.
• Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y de terceros mencionados (art. 32).
• Proteger al denunciante frente a represalias (art. 37) con inversión de la carga de la prueba (art. 38).
• Negociar la implantación con la representación legal de las personas trabajadoras (art. 5(2)).
• Conservar los datos: hasta 10 años en casos con procedimiento penal; 3 años en casos cerrados.

Sanciones AAI con detalle

El art. 23 establece tres bandas de sanciones:

• Infracciones leves: hasta 1.000 € (personas físicas), hasta 10.000 € (entidades).
• Infracciones graves: 1.001 a 10.000 € (físicas), 10.001 a 100.000 € (entidades).
• Infracciones muy graves: 10.001 a 300.000 € (físicas), 100.001 a 1.000.000 € (entidades).

Las sanciones publicadas hasta 2026 han variado entre 40.000 € y 400.000 €. El techo de 1.000.000 € no se ha alcanzado todavía en un caso individual pero está reservado para casos acumulativos o de represalia agravada.

Cómo Confidly cumple con la Ley 2/2023

• Plantilla de intake específica para la Ley 2/2023: categorías, avisos y campos precumplimentados según la normativa española.
• Denuncias anónimas: código de caso emitido por servidor, PIN de 6 dígitos, sin correo ni IP.
• Intake de voz: línea telefónica UE, transcripción automática con verificación del denunciante.
• Interfaz traducida al español y al gallego, catalán, euskera y otros 23 idiomas. Traducción AI automática de denuncias entrantes para el administrador.
• Recordatorios automáticos de los plazos de 7 días y 3 meses, en el idioma del denunciante.
• Copilot AI (Pro): la IA resume las denuncias, clasifica la gravedad y redacta respuestas.
• Audit log inmutable, exportable para inspección AAI.
• Alojamiento exclusivamente UE, sin transferencias a terceros países.
• Plantilla de política en español, lista para negociación con representantes legales.

Precios para empresas españolas

Tres planes en euros, IVA en inversión del sujeto pasivo para B2B intra-UE. Elija por número de personas trabajadoras; el resto está incluido.

Preguntas frecuentes: Ley 2/2023

¿Qué empresas están obligadas por la Ley 2/2023?

Empresas privadas con 50+ personas trabajadoras en los 12 meses anteriores y todas las entidades del sector público, con independencia de su tamaño (con excepciones para municipios de menos de 10.000 habitantes en algunas funciones). El umbral se calcula por persona jurídica.

¿Desde cuándo está en vigor la obligación de canal interno?

Empresas privadas con 250+ empleados: desde el 13 de junio de 2023. Empresas privadas con 50-249 empleados: desde el 1 de diciembre de 2023. Entidades públicas obligadas desde el 13 de junio de 2023.

¿Cuál es la autoridad competente?

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), con sede en Madrid. La AAI recibe denuncias externas, supervisa los canales internos e impone sanciones administrativas. Trabaja en coordinación con la AEPD en cuestiones de protección de datos.

¿Cuáles son las sanciones más altas en la UE?

Sí. España fija el techo de sanción administrativa más alto de la UE: hasta 1.000.000 € para personas jurídicas en casos muy graves (represalia, vulneración deliberada de confidencialidad, obstrucción sistémica). Las sanciones publicadas en 2024-2025 oscilan entre 40.000 y 400.000 €.

¿Se admiten denuncias anónimas?

Sí. La Ley 2/2023 exige que los canales internos acepten denuncias anónimas. La AAI también acepta denuncias anónimas en su canal externo. La protección frente a represalias se activa cuando el denunciante anónimo es identificado posteriormente.

¿Hay que negociar con la representación de las personas trabajadoras?

Sí. El art. 5(2) de la Ley 2/2023 obliga a negociar el procedimiento interno con la representación legal de las personas trabajadoras (art. 64 ET). La AAI considera la falta de negociación una deficiencia, citada en aproximadamente el 20% de las inspecciones.

¿Cuánto tiempo se conservan los datos?

10 años si la denuncia da lugar a procedimientos penales; 3 años en casos cerrados sin actuación adicional. El registro de auditoría se conserva 7 años para demostrar la conformidad con el art. 18 de la Directiva.